El canon no es la solución

Leo hoy en “El País” un artículo de opinión de Don Ignacio Arroyo Martínez, abogado y catedrático en la UAB. En dicho artículo, el autor, propone un canon de unos 3 euros al precio de conexión a internet como un “punto de equilibrio entre retribución razonable y libertad de acceso”. Es decir, que para que no se limite la libertad en internet y los autores estén contentos, hay que instaurar otro canon más.

Y digo en el párrafo anterior “otro canon más”, porque actualmente pagamos un canon por comprar CD's vírgenes (aunque los utilices para guardar las fotos de las vacaciones), pen-drives (aunque lo utilices solo para cuestiones laborales), móviles (aunque solo lo utilices para llamar)...

En España, y no sé si en otros países también, la presunción de inocencia se suspende en el caso de las descargas de internet. Me explico, el canon es una pena, una pena que te imponen por bajarte archivos protegidos por los derechos de autor. Tú pagas siempre esa pena, te bajes o no archivos de internet, y si quieres que te devuelvan el dinero, tienes que demostrar tu inocencia. En el derecho penal (exagerando los ejemplos), nadie te mete en la cárcel por comprar un cuchillo con el que podrías matar a alguien, y, en cualquier caso, sobre ti recae la presunción de inocencia, siendo la parte acusadora la que tiene que demostrar que cometiste el hecho delictivo. En un proceso penal sería impensable que el acusado tuviera que demostrar su inocencia, sin que la parte contraria estuviera obligada a demostrar la culpabilidad, situación que vivimos día a día con el tema de las descargas. Para el Estado, todos somos culpables de bajarnos archivos.

Por otro lado, la imposición de ese canon al precio de la conexión a internet (recuerdo que simplemente es un artículo de opinión y, que yo sepa, no se va a imponer por ahora), me da pena. España tiene una de las ADSL´s más caras del mundo... y más lenta. Hasta en Portugal hay conexión de 1 TB, mientras que en España nos podemos dar con un canto en los dientes si podemos contratar los 20 Mg, y digo contratar porque una cosa es lo que pagas y otra la velocidad real a la que te va internet. Es lamentable que a día de hoy no se trabaje para ofrecernos un mejor producto a precio competitivo, y si para poner barreras al futuro.

Soluciones a las descargas ilegales... muchas, pero acordes todas ellas a los nuevos tiempos que nos han tocado vivir, y que algunos aún no aceptan. La compra de archivos por internet a precios competitivos puede ser una solución. Si te puedes bajar una película en buena calidad de audio y sonido por unos 3 euros (cantidad que el compañero letrado le da al supuesto canon), no te vas a bajar ilegalmente un archivo que casi no se oye y cuyas imágenes sólo se intuyen.

Otra solución es que los distribuidores no pongan precios prohibitivos en cines y discos. Un adolescente no se puede permitir 8 euros cada vez que vaya al cine, o 20 euros por un disco. Estoy seguro que si esos precios se adecuaran a la capacidad económica de los clientes potenciales, lo cual no supondría pérdida de ingresos para los autores y solo un poco para las grandes multinacionales, más gente consumiría “cultura legal”.

Éste es un tema apasionante que da para mucho más, espero seguir escribiendo más sobre el particular en un futuro.

Corto y cambio,

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Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Nota: Este manifiesto fue redactado conjuntamente por periodistas, bloggers e internautas, en una maratoniana sesión durante la tarde-noche de ayer. Si estás de acuerdo, difúndelo por todas las vías que puedas.

Corto y cambio,

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